La industria de los videojuegos también se someterá a cierta regulación por parte del gobierno federal, según la propuesta de leyes secundarias a la reforma de telecomunicaciones del Ejecutivo, y en la propuesta del senador panista Javier Lozano, que será la base para crear la nueva minuta que será dictaminada en el Congreso.

En el segundo párrafo del artículo quinto transitorio de la propuesta, dice que “los concesionarios de radiodifusión y de televisión o audio restringidos no podrán promocionar videojuegos que no hayan sido clasificados de acuerdo a la normatividad aplicable, misma que deberá expedir el Ejecutivo Federal”.

La propuesta señala que “el Ejecutivo Federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias y lineamientos en materia de contenidos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del presente Decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a la expedición de las leyes secundarias”. Esto implicaría un sistema de clasificación de videojuegos local.

Expertos consultados por El Economista advierten sobre riesgos de censura en el desarrollo de videojuegos hasta disrupciones en la dinámica de comercialización que podría fomentar el mercado negro.

“Cuando pones un sistema de clasificación, abre la puerta a la censura y el reglamento que es muy fácil modificar, puede poner estándares muy altos en contenido. No me imagino que un Grand Theft Auto que se vaya a lanzar en los próximos años, si el reglamento pone unas restricciones muy altas, lo que van a hacer es que no se venda el juego por las vías legales sino en el mercado negro”, dijo en entrevista Enrique García Tejeda, catedrático de la Universidad Panamericana de la Facultad de Derecho en la Ciudad de México y consultor de mejoras regulatorias para gobierno.

Actualmente los videojuegos se clasifican mediante el Tablero de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB, por su sigla en inglés).

Rodrigo Diez, abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Derecho por Harvard, coincide en que esta normatividad podría abrir la puerta a que se coarte la libertad de expresión a partir de los videojuegos.

“En México al igual que en Estados Unidos los derechos no son absolutos. En principio allá no se puede restringir el discurso por cuestiones de contenido, cuando el contenido no le gusta al gobierno, el gobierno no puede decidir que ese contenido no me parece y por lo tanto lo voy a prohibir”, dijo el experto en una entrevista para el medio digital Borde Político.

Los impactos en el mercado también serán visibles ya que para solicitar la clasificación de los videojuegos, el gobierno podría imponer cuotas en el reglamento y que supondría además retrasos en los lanzamientos mundiales y que México perdiera dinamismo en la industria de los videojuegos.

“Yo no me imagino pidiéndole a Sony o alguien más que te envíe un juego con anticipación para que lo clasifiquen. Se van a reír. Eso va a desfasar los estrenos mundiales y va a encarecer los videojuegos. Si quieres anunciar un videojuego por cable, televisión o radio te van a pedir esa clasificación. Se están agarrando para decir que no es obligatoria pero qué videojuego bueno no se anuncia en estos medios”, criticó el académico de la Universidad Panamericana.

Distribuidores consultados coinciden en este riesgo potencial con pérdidas millonarias debido a estos cambios que podrían generarse en las dinámicas de los lanzamientos y comercialización.

“Un lanzamiento puede llegar en México a tener 350,000 piezas. Imagínate un Grand Theft Auto y multiplícalo por costo promedio de 800 pesos. El impacto es millonario y el producto en anaquel quedaría inmovilizado”, dijo un distribuidor que pidió no ser identificado.

De acuerdo con la firma de análisis The Competitive Intelligence Unit (The-CIU), los ingresos provenientes de la industria de los videojuegos en México sumaron 1,161 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 7.7% en 2012. Un año antes, el repunte fue de 10.4 por ciento.

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